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Administrativo, contratos, Fiscal

LEY 02-2011, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. PRINCIPALES MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Preámbulo

El TÍTULO I concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de la economía española.

Su Capítulo I, relativo a la mejora de la calidad de la regulación, recoge los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad, eficacia), haciendo referencia a que los poderes públicos procurarán –algo tan necesario como inimaginable en nuestro ámbito- el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general; y los instrumentos para la mejora regulatoria.

El Capítulo II aborda la reforma de los organismos reguladores encargados –en un marco horizontal- de velar por el adecuado funcionamiento del sector económico regulado. Conforme a la LES tienen esta consideración la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal, declarando aplicables buena parte de sus preceptos a la Comisión Nacional de la Competencia, y quedando fuera de este marco común los organismos vinculados al ámbito financiero. (Téngase en cuenta, en relación con la adaptación de la composición del número de miembros del Consejo de los Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia, las previsiones de la disp. adic. 9ª LES).

En el Capítulo V se persigue impulsar la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público privada, y, en los términos de la Ley 30-2007, de Contratos del Sector Público (modificada por la DF 16ª), establecer una mayor transparencia de la información en la contratación pública; fomentar la realización de contratos de investigación y desarrollo, e impulsar la participación de las PYMES en la contratación pública; centralizar el acceso a la información contractual en una plataforma electrónica en la que se difundirá toda la información relativa a las licitaciones convocadas por el sector público estatal; simplificar los trámites administrativos en los procesos de contratación disminuyendo el coste que para los empresarios implica participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos; establecer reglas específicas para la denominada «contratación precomercial», permitiendo una mayor implicación de la contratación pública en la implementación de la política de investigación, desarrollo e innovación y, por último, completar el régimen jurídico de las fórmulas contractuales e institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado, para potenciar estas figuras y facilitar su empleo por el sector público, al tiempo que se regulan los términos en que los adjudicatarios de estos contratos pueden concurrir a los mercados de capitales para obtener financiación para la ejecución de los mismos.

El TÍTULO II introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de la competitividad, eliminando obstáculos administrativos y tributarios, y actuando específicamente sobre tres ejes: el desarrollo de la sociedad de la información, un nuevo marco de relación con el sistema de I+D+i y la formación de los trabajadores, con especial atención al sistema de formación profesional (téngase en cuenta la DF 24ª sobre reforma de la LO de Educación).

El Capítulo I, introduce medidas de simplificación administrativa en dos ámbitos.

Por un lado, y en línea con las medidas horizontales establecidas por la Ley Ómnibus (Ley 25-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), la ampliación del ámbito del silencio positivo para lo cual el Gobierno en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley (plazo que finalizó el 6 de junio de 2011), remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30-1992. Esa evaluación de la existencia de razones imperiosas de interés general que justifique el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción del artículo 43 de la Ley 30-1992 por la Ley Ómnibus, se llevará a cabo por las CCAA en el plazo de un año (que concluye el 6 de marzo de 2012) y servirá de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.

Por otro lado, la restricción
de la posibilidad de exigir licencias a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente
o el patrimonio histórico-artístico; así, la regla general es la de que el ejercicio de una actividad no se someterá a la obtención de licencia u otro control habilitante previo, sino a comunicaciones y verificaciones posteriores de cumplimiento de requisitos (pudiendo las Haciendas Locales cobrar tasas por estas verificaciones) cuyos procedimientos deberán ser determinados por las Entidades Locales

Disposiciones

Medidas de eficiencia en la contratación pública y la colaboración público privada

Artículo 37. Impulso a la eficiencia en la contratación pública y financiación de la colaboración público-privada.

1. (…)

2. La financiación de los colaboradores privados en los contratos de colaboración público-privada no institucionalizados, en los supuestos en que por razón del objeto tengan naturaleza de concesión de obra pública, se llevará a cabo en las condiciones y términos previstos en la normativa reguladora de financiación de la concesión pública.

3. La regulación de la financiación de los adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se regirá por las siguientes normas:

a) Cuando se determine el régimen de remuneración del contratista, con el alcance previsto en artículo 120, letras d), e) y f) de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras de la financiación privada de las concesiones de obras públicas puede obtener el contratista para la captación de la financiación necesaria para la ejecución de contrato.

b) El contrato preverá un régimen de notificación por el contratista de las operaciones financieras que concierte para la financiación del contrato.

En el caso de que proceda la resolución del contrato, el órgano de contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecen subrogarse en el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad participada, en condiciones que se consideren compatibles con su buen fin, siempre que reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario.

c) Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse que, cuando proceda la resolución del contrato, la entidad contratante pueda poner a disposición de los acreedores una cantidad no superior al 80 por ciento del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la liquidación del contrato.

4. La regulación de la financiación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales se regirá por las siguientes normas:

Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato público en el marco de una colaboración público-privada de carácter institucional a que se refiere la disposición adicional trigésima quinta de la Ley de Contratos del Sector Público podrán:

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato.

b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.

Artículo 38. Fomento de la contratación pública de actividades innovadoras.

El Consejo de Ministros, las cuantías necesariamente destinadas a la financiación de contratos a los que hace referencia el artículo 4.1. r) de la Ley 302007, de Contratos del SP.

Estos artículos quedaron derogados por la publicación del RDL 03-2011 que aprobó el TR de la LCSP 

D.F. 16ª. Modificación de la Ley 30-2007, de Contratos del SP.

Medidas de simplificación administrativa

Artículo 40. Ampliación del ámbito del silencio positivo.

1. El Gobierno, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30-1992, de RJAP y PAC.

El RD-L 08-2011 ha llevado a la práctica dicho mandato, e instaura el sentido negativo del silencio administrativo sólo para aquellos procedimientos en que lo exijan imperiosas razones de interés general.

2. Las CCAA evaluarán igualmente la existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción del artículo 43 de la Ley 30-1992, de RJAP y PAC. Dicha evaluación se llevará a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley y servirá de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.

Artículo 41: Modificación de la Ley 7-1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Limita la posibilidad de exigir licencias de apertura a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico. (Ver también la D.A. 8ª)

Para entender mejor la relevancia de este artículo recomiendo la lectura del siguiente post: Adiós a las licencias de apertura.

Artículo 42: Reforma del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se habilita a las HHLL, a cobrar tasas por las actividades de verificación para aquellas actividades no sujetas a autorización o control previo, y se prevé un procedimiento de clarificación de la situación resultante en cuanto a las licencias exigibles tras la reforma.

Por un lado favorece la actividad empresarial, al eliminar la obligatoriedad de solicitar licencia para determinadas actividades, pero por otro lado, se habilita a las haciendas locales a cobrar tasas en concepto de verificación de que las actividades no suponen peligro a la salud, la seguridad, …

D.A. 8ª. Evaluación de la normativa existente sobre licencias locales de actividad.

1. En el plazo de seis meses, el Gobierno evaluará la existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad y presentará en el mismo plazo un proyecto de ley de modificación de las normas en las que no concurran las razones citadas, eliminando la correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de verificación y control administrativo. Las CCAA y EELL, en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en el ámbito de sus competencias, adaptarán igualmente su normativa a lo previsto en el citado artículo de la Ley de Bases de Régimen Local.

Hasta donde yo sé, está pendiente de desarrollo normativo.

2. Los Municipios deberán adoptar un acuerdo que dé publicidad a los procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley de Bases de Régimen Local, subsiste el régimen de sometimiento a la licencia local de actividad, manteniendo dicha relación adecuada a la normativa vigente en cada momento.

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Economista

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